Pedro Castillo: los mecanismos que usa para buscar impunidad
El exmandatario condenado por rebelión y sus aliados despliegan recursos judiciales y políticos para anular procesos penales en su contra
Desde su detención, la tarde del 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo Terrones y sus aliados han empleado diversos mecanismos para lograr la impunidad, no solo por perpetrar un golpe de Estado, sino también para quedar libres de las presuntas acusaciones de crimen organizado y corrupción registradas durante su gestión. Así lo reporta un informe de El Comercio que detalla las estrategias legales y políticas desplegadas por el entorno del exmandatario.
Los casos que pesan sobre la gestión de Castillo
Castillo Terrones llegó al gobierno el 28 de julio de 2021. Desde entonces, las irregularidades de su administración fueron puestas de manifiesto y la justicia dictaminó su detención preventiva. Entre los hechos más sonados figuran sus reuniones con empresarios y lobbistas en la “Casa de Sarratea”, el caso “Puente Tarata y Provías Descentralizado” en el Ministerio de Transportes (MTC), el caso Anguía —protagonizado por su cuñada Yenifer Paredes y funcionarios del Ministerio de Vivienda—, el caso Petro-Perú y el caso Ascensos, originado por los S/20 mil hallados en un baño de Palacio de Gobierno, en la oficina del entonces secretario presidencial Bruno Pacheco.
La condena por conspiración y rebelión
El 7 de diciembre de 2022, para evitar un tercer pedido de vacancia, Castillo Terrones anunció en vivo la disolución del Congreso, un “gobierno de excepción” y ordenó a las Fuerzas Armadas y la PNP intervenir instituciones autónomas. Ante el rechazo de las fuerzas del orden, abandonó Palacio rumbo a la Embajada de México y fue capturado por la Policía Nacional. En diciembre de 2025, la justicia concluyó que fue bajo custodia legalmente por “flagrancia delictiva” y lo condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por conspiración para la rebelión.
“No existe duda que la situación y contexto de la intervención de [Pedro] Castillo Terrones, fue de flagrancia delictiva.” — Sala Penal Nacional
En marzo de 2023, la justicia también dictó su prisión preventiva por los casos de presunto crimen organizado y corrupción, medida ampliada hasta marzo de 2027.
Recursos judiciales y presión política de sus aliados
Según el informe, Castillo y su entorno recurren a mecanismos judiciales, constitucionales y políticos para anular la condena y los procesos en curso. Un episodio reciente involucra a Yenifer Paredes, cuñada del exmandatario y diputada de Juntos por el Perú (JP), quien —a quien Castillo llamaba “hija”— solicitó al Ministerio del Interior y a la PNP información sobre el operativo de detención, incluidos planes de operaciones, documentos policiales internos y la lista de efectivos que participaron en la captura.
El caso mantiene en agenda pública el debate sobre la celeridad de la justicia peruana y los límites de la función parlamentaria frente a procesos penales en curso. Las autoridades judiciales reiteraron que las investigaciones continúan y que las medidas de prisión preventiva se mantienen vigentes hasta el plazo dispuesto.
